Niños que cambian libros o juguetes por armas o que dejan la formación escolar por el aprendizaje con las mafias se han vuelto un panorama común en México, donde estudios de organizaciones civiles aseguran que alrededor de 30,000 menores cooperan con grupos criminales.
La problemática representa un reto para el Gobierno y la sociedad mexicana, que poco a poco se acostumbra a ver en titulares de prensa capturas o muertes de menores de edad involucrados con estos grupos.
Uno de los casos más crudos y sonados en el país fue el del “niño sicario” Edgar Jiménez Lugo, alías “El Ponchis”, quien al momento de su captura a los 14 años era acusado de varios asesinatos, entre ellos decapitaciones de sus víctimas.
El joven, que tenía nacionalidad estadounidense, cumplió en noviembre del año pasado una condena de tres años, la máxima que se le podía aplicar por su edad, por los delitos de delincuencia organizada, homicidio, secuestro y posesión de drogas.
Jiménez fue repatriado a Estados Unidos ese mismo mes, pero las personas que trataron con él aseguran que no se arrepintió de sus delitos y que es probable que vuelva a delinquir.
Su caso refleja la realidad de un sinnúmero de menores en México que tras abandonar su escuela o por motivos económicos se involucran con las redes del crimen.
“Generalmente estos jóvenes tienen un liderazgo innato y un nivel de inteligencia alto”, aseguró Consuelo Bañuelos, presidenta de la organización Promoción de Paz, que realiza trabajo comunitario en barrios vulnerables y centros penitenciarios del norteño estado de Nuevo León.
Según informes de las autoridades de la norteña Ciudad Juárez, fronteriza con la estadounidense El Paso, los menores asesinan en esta área limítrofe con Estados Unidos por 500 pesos (unos 37 dólares).
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