La regidora Alicia Martínez y seis de sus colaboradores en la pasada gestión al frente del Sindicato de Burócratas, fueron acusados en plena sesión del organismo sindical de un millonario desfalco, por lo que fueron ya denunciados ante las autoridades por los delitos de fraude equiparado, peculado, administración fraudulenta y abuso de confianza.
Esto ocurrió la noche del jueves en el salón social del Sindicato de Burócratas donde la sesión inició a las 17:00 horas para terminar casi a las 21:00 horas.
En la orden del día publicada con anticipación, se fijó dar a conocer el resultado de la auditoría que la dirigencia sindical mandó hacer para determinar el manejo de los recursos.
La dirigente sindical al inicio de la asamblea pidió a la ex secretaria general que abandonara el recinto y ante la negativa de hacerlo, procedió -acompañada por un grupo de seguidores- a propiciar la expulsión.
La salida ocurrió por la parte posterior del recinto entre gritos e insultos de algunos trabajadores y la defensa de otros de sus seguidores.
Indicó que esto apenas empieza y no habrá de detenerse hasta lograr que los culpables del quebranto financiero del Sindicato paguen por el delito cometido.
Bentley Duarte anunció que la auditoría la hizo un despacho externo y detalló un pasivo por cobrar por más de 8.4 millones de pesos de los Gobiernos de distintas dependencias como Municipio, Issstecali, Indivi, Congreso del Estado, Cesam, DIF estatal, Orfis, Cid Mexicali, CEA, Inde y Poder Judicial.
En conferencia de prensa, la dirigente sindical precisó que la anterior secretaria general actualmente es regidora del Ayuntamiento y por ello se encuentra separada de sus derechos sindicales por solicitud de licencia y por lo tanto no debía haber asistido al evento, asistencia que consideró una provocación.
Manifestó que ante la Procuraduría General de Justicia del Estado fue registrado el NUC 0202-2014-38792 bajo la supuesta comisión de delitos que constituyen fraude equiparado, peculado, administración fraudulenta, abuso de confianza, más lo que resulte.
En el proceso de investigación, la organización sindical llevó un trabajo de investigación mediante una compulsa ante la Banca donde se tiene la cuenta. A través de este ejercicio lograron determinar que una buena cantidad de trabajadores sindicalizados aparecieron con cheques recibidos y cuando les interrogaron afirmaron no haberlos cobrado.
Mediante la compulsa determinaron que hubo manejo fraudulento de quienes cobraron los citados documentos.
Durante el desarrollo de la asamblea, en el apartado de asuntos generales acordaron la creación de una Comisión de Honor y Justicia integrada por Sandra Márquez, presidenta, perteneciente del Gobierno del Estado; Judith Pérez Laguna, secretaria y los vocales Micaela Garzón Alfaro, del Municipio; Roberto Carrillo Ruiz, de Finanzas y Daniel García, del Municipio.
Tienen un plazo de 30 días para citar a los siete supuestos responsables del quebranto económico de la organización sindical, presentar el informe a la asamblea y que se determine la sanción que en este caso podría ser la expulsión.
Bajo investigación
Los investigados son Alicia Martínez, ex secretaria general; Patricia Caldera, Claudia Lizeth Verdín, hija de Alicia; Arnoldo Escobedo, Fernando Calderón, Ezequiel Soto y Juan Francisco Ramos, quienes se desempeñaron como secretaria general, de finanzas, de conflictos, contador, entre otros.
La actual dirigente del Sindicato de Burócratas acusa a su antecesora de haber dejado una deuda a proveedores por 10 millones de pesos más los adeudos de fondo de ahorros de ahorradores y de los no ahorradores, gastos de representación por 1.1 millones de pesos y fondo funerario por 3.8.
Fuente: La Voz de la Frontera
No hay comentarios.:
Publicar un comentario