La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que el pasado 30 de junio, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, luego de un enfrentamiento con un grupo de civiles armados, los militares ingresaron a la bodega y ejecutaron a 12 personas que ya se habían rendido, entre ellos dos menores de edad; otras tres habrían sido también privadas de su vida cuando estaban inertes, sin embargo, como se alteró el lugar de los hechos, no se pudo confirmar.
“La versión oficial construida desde el día de los hechos fue en el sentido de que todas las personas habían muerto durante un enfrentamiento, lo que resultó ser una falsedad”, enfatizó el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.
Al presentar la Recomendación 51/2014, dirigida al secretario de la Defensa Nacional, al procurador General de la República y al gobernador del Estado de México, Plascencia Villanueva señaló que el lugar de los hechos fue alterado para tratar de simular que todos los civiles (que de acuerdo con la PGR pertenecen a una organización criminal) habían muerto durante el enfrentamiento.
“Cuatro de los civiles presumiblemente fueron heridos a causa del enfrentamiento, tres fueron heridos en medio de intercambios de disparos, 12 fueron privadas de la vida arbitrariamente y tres víctimas no se pudo determinar la condición y circunstancia bajo la cual fueron privadas de la vida en virtud de que los cuerpos fueron movidos, lo cual hace presumir que también fueron privadas arbitrariamente de la vida”, explicó.
OBSERVACIONES. Antes de disparar a los integrantes de la organización criminal dentro de la bodega, los militares agredieron físicamente a los civiles, ya que uno de los cuerpos presentó signos de desnucamiento, el cual, explicó el ombudsman, se produce mediante un mecanismo de tracción forzada a la cabeza propiciada por una tercera persona.
“Se alteró la escena, algunos cuerpos fueron movidos de su ubicación y otros de posición; se colocaron armas en los cuerpos y se sustrajeron equipos de comunicación”, puntualizó Plascencia Villanueva.
Al detallar sus investigaciones, Plascencia Villanueva señaló que al pasar el vehículo de la Defensa Nacional, observaron a una persona armada. Detuvieron la marcha y cuando avanzaron en reversa fueron recibidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión, durante el enfrentamiento entre 5 y 10 minutos.
Ocho militares –dijo- participaron, uno de ellos fue herido, posteriormente ingresaron los militares a la bodega y privaron arbitrariamente de la vida a las personas que se encontraban rendidas.
Mencionó que, de acuerdo con el material que tiene la CNDH, como fotografías, los 22 cadáveres presentaban heridas producidas por proyectil único disparado por arma de fuego, encontrándose la boca de cañón a más de 60 centímetros.
INDEBIDA PROCURACIÓN DE JUSTICIA. Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, señaló que luego de los hechos ocurridos, se omitió tomar la declaración de las víctimas sobrevivientes que fueron liberadas y que luego dos de ellas fueron tratadas en calidad de delincuentes, cuando en realidad fueron víctimas.
En ese sentido mencionó que la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, quien inició con la investigación, dio un trato inhumano a las dos personas que hoy se encuentran en el penal femenil de Tepic, Nayarit.
“Las declaraciones que rindieron (las dos mujeres) en ninguna parte hacen referencia a que hubieran observado la manera en que fueron privados de la vida, y en las declaraciones que obtuvimos directamente con ellas hay un detalle muy claro de cómo fueron observando la mecánica (de ejecución).
El titular de la CNDH mencionó que hasta el momento, ninguno de los ocho militares que participó (uno de ellos herido) enfrenta alguna acusación penal por homicidio.
Sin embargo, el pasado 10 de octubre, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que independientemente del proceso que lleva la justicia castrense, la PGR consignó a tres de ellos por homicidio y uno más –el teniente que estuvo al frente del operativo- fue acusado por encubrimiento.
Para la investigación, la CNDH solicitó 21 informes a la Defensa Nacional , la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Marina, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así como a la Secretaría de Seguridad de dicha entidad.
Asimismo, realizó 35 visitas de trabajo a los municipios de Tlatlaya, Tejupilco, en el Estado de México, así como a Arcelia, en Guerrero; a la Procuraduría de guerrero, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y al Centro Federal femenil “Noroeste”, en Tepic, Nayarit, para contar con los testimonios de dos de las víctimas sobrevivientes, que actualmente son acusadas de formar parte de la organización criminal a la que se enfrentaron los militares.
En las investigaciones, la CNDH también recabó testimonios de tres testigos presenciales, siete vecinos, cuatro familiares de los fallecidos y se entrevistó a los militares que intervinieron.
RECOMENDACIÓN. En la recomendación, el ombudsman nacional solicitó al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, girar instrucciones a quien corresponda para que se repare el daño a las víctimas indirectas que son los familiares de las personas que fueron privadas de la vida. Se indemnicen y se brinde atención médica y psicológica.
Se proporcione a las tres víctimas sobrevivientes atención víctima y psicológica, que los elementos de la Defensa Nacional cumplan con el manual del uso de la fuerza, se refuerce la capacitación en materia de derechos humanos a los integrantes de dicha institución y que durante sus operativos no se alteren las escenas.
Al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, pidió que se tome en cuenta las observaciones de la recomendación que hace la CNDH, para la integración de la averiguación previa y se esclarezcan los hechos a fin de que las victimas tengan pleno acceso a la justicia.
Se aceleren las diligencias para llevar una consignación de los autores de delito de homicidio y se indague la responsabilidad de todos los militares que estuvieron presentes.
Se reconozca el carácter de ofendido de delitos a los familiares, otorgándoles la protección y asistencia que corresponde de acuerdo con la ley general de víctimas.
Mientras que al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, pidió que se proceda a la reparación del daño a las tres víctimas sobrevivientes, mismas que fueron intimidadas por las autoridades de la Procuraduría estatal.
Al personal ministerial que realice investigaciones, sea a partir de métodos científicos y se abstengan a obligar a declarar a las personas en contra de su voluntad; y por último solicitó que se impartan cursos de capacitación a los peritos de la Procuraduría, en materia de criminalística.
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