Con el fin de darle certidumbre jurídica a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), la Diputada Laura Torres Ramٌírez, presentó una Iniciativa por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Edificaciones de Baja California.
Subrayó en su exposición de motivos, que con esta enmienda a los artículos 5, 60 y 62, fracción VIII, se evitará que ciudadanos acudan a instancias federales para interponer recursos de amparos, toda vez que se ven afectados por un acto de aplicación de dicha Ley local.
Esto debido a que aún se conserva el antiguo nombre de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado.
La Legisladora indicó que debido a la necesidad de reestructurar una de sus Secretarías, el Poder Ejecutivo en base a sus facultades constitucionales, tomó la determinación de cambiar su nombre -el día 14 de febrero de 2003- como Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOPE), por no ser congruente su denominación con las nuevas funciones establecidas, por el de Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), lo cual era más acorde con los nuevos retos y proyectos de ésta.
Posteriormente se procedió a elaborar el reglamento Interno, el día 25 de junio de 2004, con la finalidad de normar el funcionamiento administrativo integral de la SIDUE, así como vigilar el cumplimiento de las funciones que a cada unidad administrativa correspondían y se hizo necesario definir y delimitar las funciones y responsabilidades, resaltó.
Sin embargo, Laura Torres consideró que para cuidar la funcionalidad y aplicación del marco jurídico local, específicamente por las diversas Dependencias y Organismos Públicos del Estado, es necesario adecuar esta Ley, publicada en el Periódico Oficial no. 26, Sección III de fecha 24 de junio de 1994.
Mencionó que actualmente la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOPE) jurídicamente es inexistente, toda vez que actualmente se le denomina Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, (SIDUE).
Así mismo argumentó que cuando la Legislatura modifica una Ley, por mínimo que parezca, cambia y transforma en automático la conducta de quien es sujeto a esa reforma de Ley.
Finalmente puntualizó que la cultura de la legalidad significa efectivamente imperio de la ley, pero además obediencia a la misma y consecuentemente la obediencia implica necesariamente, el conocimiento de esta.
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