Los derechos de los niños

El Senado de la República se congratula de haber alcanzado junto a la Cámara de Diputados los consensos necesarios para aprobar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Bravo.

La Gaceta Parlamentaria del 22 de octubre pasado explica los vericuetos por los que pasó esta iniciativa presidencial desde que el Ejecutivo la propuso el 1 de septiembre hasta que los diputados la devolvieron al Senado con algunas reparaciones el 22 de octubre. 

El Senado a su vez analizó las reformas y aprobó este jueves las reparaciones que habían sugerido los diputados, de modo que la iniciativa se envió ya al Presidente para su promulgación. Como todas las leyes, lo importante no es qué tan bien o mal estén redactadas, sino qué tan viable es convertir su aplicación en realidad.

Todavía sin saber cómo interpretar la conferencia de prensa que ofreció este viernes el procurador Jesús Murillo Karam, me entristece una cándida declaración de la sinopsis que mencioné al principio. Dice así: “Se reforma el artículo 16 para establecer con precisión que, bajo ninguna circunstancia las niñas, niños o adolescentes serán privados de la vida”. El texto final de la iniciativa dice así en su artículo 16: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida en conflictos armados o violentos, ni ser utilizados en los mismos”.

A esto le dicen en inglés wishful thinking, pensar como si los deseos de uno se fueran a cumplir. Pero como demuestran los dientes, huesos y cenizas de un basurero ubicado en un barranco perdido en Cocula, los derechos, aunque se definan con precisión, valen sorbete si no hay un Estado capaz de hacerlos cumplir.

Como a todos los mexicanos, incluyendo al procurador Murillo Karam, me indigna que una matanza como la que se perpetró en Guerrero para cuidarle el informe a una señora pueda ser siquiera posible. Creo que la tristeza y el pesar del procurador son entendibles pero también insuficientes, porque su función es procurar la justicia, no añorarla.

Así las cosas, la promulgación de una ley que debiera ser uno de los grandes triunfos legislativos de una democracia naciente quedará opacada por una cadena de hechos que evidencian que la dicha ley será, como otras, papel mojado si no hay manera de hacerla cumplir.

Muchas de las víctimas de Ayotzinapa eran sujetos amparables bajo lo que aprobó el jueves el Senado. Aunque la ley se hubiera promulgado ya, de nada les hubiera valido en un estado, y en un Estado, en los que el poder fáctico lo ostentan delincuentes.

Los padres se resistirán a creer que sus hijos fueron asesinados, quemados, despedazados y dispersados por un puñado de animales. Es su derecho y su privilegio, que infortunadamente no cambiará la situación ni traerá a sus hijos de regreso al hogar.

Pero sé también que la obligación del Estado, de ese Estado que se dice conmovido e indignado, va mucho más allá de precisar la identidad de los restos que encuentren: su obligación es que los mexicanos, los niños y los que ya nos acercamos al otro extremo, creamos en las instituciones porque las instituciones funcionan. ¡Pero quieren que creamos en ellas porque declaran!

Milenio