La diputada Rosalba López Regalado presentó una iniciativa con el fin de facilitar y agilizar la implementación de los llamados juicios políticos a funcionarios electos que cometan acciones que afecten los recursos públicos.
Se trata de una reforma al artículo 9 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en donde se califican como atenuantes las omisiones o el hacerse "de la vista gorda" cuando se presenten irregularidades en el manejo del erario público.
Además, se podría sancionar a aquellas autoridades que eviten castigar o "traten de salvar" a los funcionarios que incurrieron en causas de juicio político.
"Los bajacalifornianos están cansados de esas situaciones y por eso desde la XXI legislatura considero que debemos fortalecer este tema y que no se presenten casos como en el pasado", señaló López Regalado.
La legisladora recordó situaciones en donde se ha intentado iniciar el procedimiento de juicio político o llamar a cuentas a un funcionario y citó los casos concretos del anterior alcalde de Mexicali y el Síndico de Tijuana, respectivamente, los cuales no rindieron frutos.
Con la reforma, dijo, los presidentes municipales, síndicos procuradores y diputados locales, entre otros, que incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, pueden hacerse acreedores a la sanción que conlleva el juicio político y que implementa el Congreso del Estado, pero también se podría castigar a diputados, por ejemplo, que ante las evidencias no den marcha a dicha sanción.
El documento fue turnado a la comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales para que sea discutido, analizado y posteriormente dictaminado.
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