El Congreso de Estados Unidos aprobó ayer una ley para sancionar a altos funcionarios venezolanos señalados de cometer violaciones de derechos humanos contra opositores durante las protestas de inicios de 2014.
La Cámara de Representantes adoptó de manera unánime la iniciativa, ya aprobada el lunes por el Senado, que prohíbe la entrada a Estados Unidos de los presuntos responsables de represión y bloquea sus eventuales bienes en suelo estadounidense.
La votación envía a los venezolanos una “fuerte señal” de que “el Congreso estadounidense escucha, ve y siente su sufrimiento”, dijo la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen, que presentó el proyecto en la Cámara Baja. “Debemos atender el llamado por la libertad y la democracia alrededor del mundo y ser la voz de quienes son silenciados por regímenes opresores”, añadió denunciando la “tiranía” del Gobierno venezolano.
El presidente Barack Obama debe ahora promulgarla, pero la Casa Blanca no se opondría a nuevas sanciones contra Venezuela, dijo esta semana un portavoz del Gobierno.
El texto está dirigido a funcionarios señalados de encabezar o asistir a “actos de violencia o abusos serios de derechos humanos”, arrestos o causas judiciales contra manifestantes antigubernamentales en Venezuela.
En mayo, el senador Marco Rubio recomendó sanciones contra 27 altos funcionarios venezolanos, incluyendo la fiscal general Luisa Ortega, el entonces ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, y otros.
Las sanciones no afectarán al común de los venezolanos, indicó el congresista demócrata Juan Vargas. “Estas sanciones no tocan el sector petrolero u otras partes vitales de la economía, sólo a los (funcionarios) responsables por la represión”, dijo en el pleno de la Cámara.
Caracas
La medida ya ha generado el descontento de Caracas, el martes el presidente Nicolás Maduro advirtió a Obama que “saldrán muy mal parados” si ejecuta las sanciones.
Maduro denunció repetidas veces a grupos en Estados Unidos de fomentar las manifestaciones antigubernamentales, y el sábado dijo que “evalúa” las relaciones con Estados Unidos.
Las protestas, que sacudieron entre febrero y mayo a una Venezuela sumida en una polarización política y afectada por la escasez de alimentos y la rampante inseguridad, dejaron 43 muertos en varias ciudades.
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