En los últimos dos años el fenómeno del secuestro de migrantes de parte de "polleros" se ha incrementado en alto porcentaje en la región, al resultar un mejor negocio que los simples cruces a los Estados Unidos de las personas deportadas, por lo que cobran entres 3 mil y 4 mil dólares.
Esto ha provocado que la frontera de Baja California sea considerada por organismos sociales y defensores de los derechos humanos, una zona de alto peligro para los deportados como para los que llegan por primera vez a esta frontera con la intención de pasar al vecino país.
El representante de Ángeles sin Fronteras en Mexicali, Sergio Tamai Quintero, aseguró que es muy común que al Hotel del Migrante lleguen personas o familias compuestas por niños y adultos a quejarse de que fueron privados de la libertad para pedir dinero de rescate a otros familiares.
La última ocasión en que recibieron a gentes en esta situación fue a principios de noviembre, en que primero llegaron dos varones quejándose de "polleros", quienes aparte de quitarles el dinero, pidieron ciertas cantidades a parientes que residen en la vecina California.
Después llegaron nueve personas de dos familias completas, integradas por los padres y niños y denunciaron que para poder liberarlos los secuestradores tuvieron que recibir de 7 mil 500 a 9 mil dólares bajo la amenaza de provocarles daños.
"No dudamos que varios de los restos de personas encontradas en el desierto o en varios puntos de la región hayan sido asaltados con funestas consecuencias...", sospechó Tamai Quintero, quien dijo que esta situación hace necesaria mayor eficiencia del grupo Beta del Inami y del resto de las autoridades.
Hizo hincapié en que la nota policíaca de ayer sobre la muerte de un migrante que según la misma se sospecha escapaban de sus captores y que dos más lograron escapar brincando el cerco limítrofe, muestra la realidad que están viviendo estas personas expulsadas de sus lugares de origen.
Esta situación se debe, agregó, al endurecimiento de las medidas antimigrantes implementadas desde hace varios años por los Estados Unidos, lo que ha encarecido el tráfico de personas en ambos lados de la frontera.
Dijo que los tres niveles de Gobierno deben valorar esta situación y tomar medidas no solo en materia de seguridad, sino también en materia social, pues desde hace meses que están dejando al margen esta responsabilidad y se la dejan, sin ningún apoyo, a organismos de la sociedad civil.
Caso omiso de Procuraduría
El entrevistado señaló que desde el 2012 decidieron dejar el tema de los secuestros de migrantes debido a que en ese tiempo interpusieron denuncias de personas afectadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en donde buscaron la manera de suavizar el término.
Trataron de acomodarla como privación ilegal de la libertad y otra terminología que finalmente dieron curso, no les interesó investigar y los afectados por su condición deciden no seguir el trámite legal, pues se requiere ratificar la denuncia y acudir a otras diligencias.
"Ahora con el Nuevo Sistema de Justicia Penal hay que imaginarse a un denunciante y un secuestrador en las audiencias de los juicios orales y que se hagan acreedores a los beneficios que les otorga este sistema para quedar libre, pues hay que imaginar quién quiere denunciar en esas condiciones...".
"Por ello es preocupante", agregó el entrevistado, "que las autoridades no cumplan con su responsabilidad y deber moral con los migrantes, tomando en cuenta que el flujo de divisas que envían a México es muy alto y ni así se sensibilizan, poniendo en riesgo no solo a los 200 mil deportados anuales, sino a los más de 400 mil que salen de sus Estados en busca de mejores oportunidades...".
La Voz de la Frontera
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