«Me cobran por decir que en este país hay una dictadura», dijo la exdiputada María Corina Machado poco después de saber que la Fiscalía le imputa un complot para tratar de asesinar al presidente, Nicolás Maduro.
Machado, que fue despojada de su escaño en la Asamblea Nacional en marzo, en un procedimiento que la oposición calificó de irregular, agregó que no tiene «ninguna intención de huir del país», después de que el presidente del legislativo, Diosdado Cabello, afirmara que tenía prohibido salir de Venezuela.
Considerada una de las opositoras más férreas al chavismo, Machado, de 47 años, fue añadida a una causa que instruye la Fiscalía desde mayo. En ella están acusados el excandidato a presidente y exgobernador Henrique Salas Romer y Diego Arria, que fue presidente del Consejo de Seguridad de la Organización de la ONU, entre otras seis personas.
Se los acusa de un cruce de correos electrónicos en los que supuestamente traman el asesinato de Maduro, aunque uno de los implicados, Pedro Burelli, obtuvo una certificación de Google que afirma que tales correos jamás fueron enviados a Internet. En los mensajes atribuidos a Corina Machado, la exdiputada supuestamente decía que había llegado la hora de aunar esfuerzos y obtener «el financiamiento para aniquilar a Maduro».
La imputación de Machado coincide con una orden para mantener en tierra todos los aviones privados que afectó ayer a todo el país. La razón era buscar «pruebas contra el narcotráfico y la corrupción», según aclaró el vicepresidente, Jorge Arreaza, aunque el editor del portal de noticias Lapatilla.com cree que con esta orden el Gobierno solo intentaba que la exparlamentaria no huyera del país. «Se ve que no la conocen», agregó el periodista,
Mientras, Lilian Tintori, la esposa del líder opositor Leopoldo López, encarcelado desde febrero, señaló que «mujeres valientes son las que ha parido esta tierra», para expresar su solidaridad con Machado. A favor de López se manifestaron desde el Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias de la ONU (que calificó su encarcelamiento de ilegal y arbitrario) hasta el Grupo de Madrid en días recientes, pese a lo cual sigue preso.
El miércoles de noche, el Tribunal Supremo dictó que hay razones para enjuiciar al diputado opositor Juan Carlos Caldera por el presunto delito de blanqueo de capitales. Antes de que la Asamblea Nacional lo destituyera, el parlamentario renunció por iniciativa propia y ahora afrontará su proceso legal.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario