El elemento clave para acusar que las 11 personas detenidas durante las manifestaciones del pasado 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México formaban parte de una “grupo colectivo subversivo” fue que entre ellos se “decían compás”.
De acuerdo con Animal Político, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó este dicho entre los arrestados para consignarlos por los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa, además del testimonio de los mismos policías que los detuvieron.
Al considerarse delitos graves, fueron consignados y trasladados a penales de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, a las mujeres, y al Cefereso de Villa Aldama, en Veracruz, a los varones.
Los consigandos son: Roberto César Jasso Del Ángel, Ramón Domínguez Patlán, Hugo Bautista Hernández, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila y al chileno Laurence Maxwell Ilabaca.
Además, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Lilian Garduño Ortega o Liliana Garduño Ortega y Tania Damián Rojas o Tania Ivonne Damián Rojas.
El expediente armado por la dependencia no agregó fotografías o vídeos para demostrar la participación de los 11 detenidos en los hechos violentos, aunque así lo habían prometido. La prueba principal fue el testimonio de los granaderos.
La consignación sí traía fotos, pero aquéllas tomadas en la SEIDO, tras su presentación, y no en el Zócalo, donde supuestamente actuaron de forma violenta. Fueron las imágenes captadas por las autoridades las que fueron presentadas ante los granaderos, quienes afirmaron que los detenidos habían participado “en las agresiones y ataques a Palacio Nacional y al grupo de seguridad que custodiaba las instalaciones”.
Funcionarios del Poder Judicial confirmaron que en los expedientes se estableció de forma textual que las 11 personas formaban parte de un “grupo colectivo subversivo” y como prueba de esta declaración dijeron que entre “ellos se decían compas”.
Los abogados de 7 de los 11 detenidos afirmaron que las pruebas de la PGR “carecen de sustento y son totalmente cuestionables”. Cabe destacar que los litigantes tuvieron acceso de forma parcial a los expedientes, pero no obtuvieron copias certificadas.
Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consultado por Animal Político, afirmó que las autoridades justifican el uso de la fuerza que emplearon los granaderos el pasado 20 de noviembre.
”Justifican las lesiones a los detenidos porque supuestamente golpean sus escudos con la cabeza. Acusan que todos formaban parte de un colectivo que buscaba agredir. Pero ni interviniendo sus cuentas de Facebook lograron acreditar esto”, afirmó el abogado.
Karla Michel, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), dijo que dentro del expediente de los 11 detenidos, los policías mienten en sus declaraciones, pues “policías federales señalan haber detenido a los jóvenes cuando fueron los policías del Gobierno del DF quienes los detuvieron”.
Manifestó que para la acusación de asociación delictuosa, la PGR recurrió a un informe de inteligencia de 2011, que habla sobre grupos anarquistas en el país, que están contra el capitalismo y la nanotecnología.
En el caso particular del chileno Laurence Maxwell Ilabaca, afirmó que se le ha tratado de mostrar como el más violento de todos, por el activismo que tuvo en algún momento en su país.
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